El Gobierno impulsa medidas para luchar contra el fraude fiscal

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El Ejecutivo también ha abordado la creación de un impuesto sobre las transacciones financieras y otro sobre determinados servicios digitales. Además, ha regulado la indicación y uso de medicamentos por el colectivo de enfermería y ha declarado zona de emergencia cinco municipios de Baleares afectados por las riadas.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha recordado que el Plan Presupuestario para 2019 aprobado y remitido el lunes pasado a la Comisión Europea recoge medidas para “recuperar derechos sociales, revertir los recortes en educación, sanidad y dependencia y avanzar en un sistema productivo sostenible y respetuoso con el medio ambiente.

Montero ha defendido que el Plan es “un ejercicio de responsabilidad”, ya que por cada medida de gasto que plantea para recuperar un derecho, revertir un recorte o avanzar en igualdad, contempla una medida de ingreso para compensarla. Además, ha sostenido que “los ingresos crecen más que los gastos, lo que nos permite cumplir el ajuste estructural que pide Bruselas”.

Lucha contra el fraude fiscal

La titular de Hacienda ha reiterado que el Gobierno quiere construir una fiscalidad en la que “todos contribuyan según su capacidad y reciban según su necesidad”.

Con este objetivo, el Consejo de Ministros ha analizado el Anteproyecto de Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal, que recoge iniciativas para combatir las nuevas formas de fraude.

La medida más novedosa implica que las personas o empresas que realicen operaciones con monedas virtuales tendrán que informar de ello a la Agencia Tributaria. Además, se identificarán los titulares, autorizados o beneficiarios de estas criptomonedas.

El anteproyecto también prohíbe la tenencia y comercialización del llamado software de doble uso que permite manipular la contabilidad de las empresas para que parte de su actividad económica quede oculta. Los fabricantes de estos programas contables podrán ser sancionados con una multa de hasta 150.000 euros.

Igualmente, la futura ley prohibirá las amnistías fiscales que, a juicio de la ministra, suponen “un agravio para todos los contribuyentes cumplidores y una derrota para la consolidación del Estado del bienestar”.

La nueva normativa amplía el concepto de paraíso fiscal y actualiza la lista de paraísos, incluyendo a aquellos países que “destacan por su opacidad fiscal o falta de transparencia”, según ha indicado Montero.

La lista de morosos con la Hacienda Pública incluirá también a los responsables solidarios. Además, se reduce el umbral para aparecer en el listado de un millón de euros a 600.000. Por otra parte, no se podrán realizar operaciones en efectivo entre profesionales que superen los 1.000 euros en efectivo, frente a los 2.500 actuales.

Otras medidas recogidas en el anteproyecto son la transposición de la directiva europea para que las multinacionales tributen en los países en los que ejercen su actividad y generen valor, así como el refuerzo del control de la actividad de juego y las apuestas deportivas.

La ministra ha subrayado que este conjunto de medidas de lucha contra el fraude supondrán “unos ingresos de 828 millones de euros, una estimación a la baja que se considera prudente”.

Impuesto sobre transacciones financieras

El Consejo de Ministros ha estudiado el Anteproyecto de Ley que crea el Impuesto sobre Transacciones Financieras para reforzar el principio de equidad del sistema tributario y para contribuir al objetivo de consolidación de las finanzas públicas.

Se trata de un impuesto indirecto que grava con un 0,2% las operaciones de adquisición de acciones de sociedades españolas que cotizan en bolsa con un valor de capitalización superior a los 1.000 millones de euros, con independencia de la residencia de los agentes que intervengan en las operaciones.

La ministra ha aclarado que el impuesto “no se aplica al mercado primario”, sino que recaerá sobre el intermediario financiero que opera en el mercado secundario. La liquidación de este impuesto se hará con periodicidad mensual.

Los ingresos generados por este impuesto, según Montero, “aportarán unos 850 millones que estarán destinados a financiar el sistema público de pensiones”, lo que supone “una muestra más del compromiso ineludible del Gobierno con la sostenibilidad del sistema y con la mejora de los ingresos de la Seguridad Social”.

Impuesto sobre determinados servicios digitales

El Gobierno también ha abordado el anteproyecto de Ley por el que se crea el Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales, que se enmarca en la reforma fiscal emprendida para adaptar la tributación a los nuevos modelos de negocio digital y adecuarlo a la economía del siglo XXI.

María Jesús Montero ha señalado que se aplicará un gravamen del 3% a los ingresos que se generan por los servicios de publicidad on line, servicios de intermediación en línea y a la venta de datos que se recopilan a partir de la información proporcionada por el usuario.

La ministra ha avanzado que España será el primer país que aplique este impuesto, que afectará a las empresas que facturan más de 750 millones de euros y generan ingresos superiores a los 3 millones de euros. “Una vez más las pymes estarán excluidas de este impuesto”, ha recalcado. La iniciativa tendrá un impacto estimado de 1.200 millones de euros.

Impugnación de una resolución sobre el Rey

La portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, en la rueda de prensa posterior al Consejo de MinistrosPool Moncloa/JM CuadradoEl Consejo de Ministros ha acordado solicitar al Consejo de Estado un dictamen con carácter de urgencia sobre la impugnación de la resolución adoptada por el Parlamento de Cataluña la semana pasada, en concreto, de aquellos apartados que afectan al Rey.

La ministra de Educación y Formación Profesional y portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, ha explicado que el Ejecutivo considera que el cuestionamiento de la figura del monarca queda fuera de las funciones atribuidas a un Parlamento autonómico. “Nos parece políticamente inaceptable esa resolución, y por ello hemos acordado la solicitud del dictamen al Consejo de Estado, que es preceptivo si bien no vinculante, para poder actuar más tarde ante el Tribunal Constitucional”, ha afirmado.

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