El Gobierno inició hace días los mecanismos necesarios para la defensa de la soberanía jurisdiccional española y del magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena

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El Gobierno de España ha puesto en marcha todos los mecanismos necesarios para la defensa de nuestra soberanía jurisdiccional, en la que está inmerso el juez Llarena, teniendo en cuenta que todavía debe resolverse la aceptación de la demanda presentada en Bélgica.

​El Ejecutivo ha atendido todas las indicaciones del Consejo General del Poder Judicial hasta este momento, defendiendo los intereses de nuestro país en base a criterios jurídicos de nuestro ordenamiento interno, así como del derecho europeo, y garantiza que atenderá las peticiones de salvaguarda de la soberanía jurisdiccional española, que en el futuro pueda realizar el Poder Judicial, de acuerdo con la legislación vigente.

El Ministerio de Justicia espera que en breve culminen los trámites para la contratación de un despacho de abogados en Bélgica en defensa de los intereses de España, en relación con la demanda presentada contra el juez Llarena por los políticos catalanes huidos a aquel país y encausados por el Tribunal Supremo.

El magistrado solicitó amparo al Consejo General del Poder Judicial que, por decisión de la Comisión Permanente, resolvió trasladar al Gobierno el pasado día 21 de agosto, su petición para la adopción de “las medidas necesarias para asegurar la integridad e inmunidad de la jurisdicción española ante los tribunales del Reino de Bélgica”.

De manera inmediata, el Ministerio de Justicia, al tratarse de un caso conducido por los tribunales ordinarios de aquel país, puso dicha petición en manos de la Abogacía del Estado, para poder contratar los servicios de un despacho de abogados que represente al Reino de España ante los tribunales belgas.

El Gobierno ha dado desde el principio una respuesta positiva y ha actuado con total diligencia en este asunto en los términos trasladados por el Poder Judicial y con arreglo a la legislación vigente.

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