El Gobierno agiliza la movilidad de las empresas en el territorio nacional

061017-panoEl Consejo de Administración será el competente para decidir el traslado de la sede social, salvo indicación expresa de los Estatutos en sentido contrario. El Ejecutivo también ha aprobado la renovación del Plan Prepara, la aplicación del bono social de electricidad en función de la renta de los consumidores y ayudas para el acceso a Internet de alta velocidad en zonas de difícil cobertura.

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El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto Ley de medidas urgentes en materia de movilidad de los operadores económicos dentro del territorio nacional.

El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, ha recordado que ya en el año 2015 el Gobierno modificó la Ley de Sociedades de Capital para establecer que el Consejo de Administración fuera el órgano competente para aprobar el cambio de domicilio social, “salvo disposición contraria de los estatutos”. La norma aprobada hoy explicita que existirá esa disposición contraria “solo cuando los estatutos establezcan expresamente que el órgano de administración no ostenta esa competencia”, según ha explicado.

El Real Decreto Ley se completa con una disposición transitoria relativa a los traslados de domicilio de sociedades cuyos estatutos se hubieran aprobado antes de esta reforma. En este caso, se entenderá que existe disposición contraria en los estatutos cuando, con posterioridad a la entrada en vigor de este Real Decreto Ley, se hubiera aprobado una modificación estatutaria que expresamente declare que el Consejo de Administración no es competente para cambiar el domicilio.

De Guindos ha destacado que la decisión sobre el traslado sigue correspondiendo a cada empresa y que, al igual que ocurrió en el año 2015, la petición de este cambio ha partido de una serie de “instancias empresariales”. El titular de Economía ha asegurado que la modificación ha sido “comentada” con otros grupos parlamentarios, “fundamentalmente el PSOE y Ciudadanos”.

El titular de Economía ha puntualizado que la norma, que se publicará en el Boletín Oficial del Estado y entrará en vigor el sábado 7 de octubre, será de aplicación a las empresas nacionales y extranjeras que tengan su domicilio en España.

Renovación del Plan Prepara

El Ejecutivo ha aprobado la reactivación extraordinaria y por tiempo limitado -hasta el 30 de abril de 2018- del Programa de recualificación profesional de las personas que agoten su protección por desempleo (Plan Prepara). La renovación es fruto del acuerdo unánime alcanzado por el Gobierno y las Comunidades Autónomas en la reunión de la Conferencia Sectorial de Empleo celebrada el pasado 18 de septiembre.

El portavoz del Gobierno y ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, ha subrayado que esta iniciativa está dotada con 65 millones de euros e incluye una ayuda de 425 euros para los beneficiarios.

“Va a permitir que muchas personas que no tienen otra fuente de ingresos puedan seguir no solamente cubriendo sus necesidades básicas, sino también cualificándose profesionalmente para encontrar un puesto de trabajo, que es el objetivo principal que tiene este Gobierno”, ha indicado.

Bono social eléctrico basado en criterios de renta

El Consejo de Ministros ha regulado el bono social de electricidad, que es un descuento en la factura eléctrica al que pueden acogerse los consumidores domésticos más vulnerables.

El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, ha explicado que el nuevo bono social establece tres tipos de consumidores con derecho a una rebaja en función de determinadas circunstancias personales, como estar desempleado o tener una pensión mínima y, como novedad, fija niveles de renta.

En este sentido, los consumidores vulnerables tendrán un 25% de descuento en su factura, los vulnerables severos un 40%, y los vulnerables severos que además sean atendidos por los servicios sociales de las comunidades autónomas un 50%.

Nadal ha concretado que la renta de las personas que viven solas no podrá superar los 11.300 euros al año para que puedan beneficiarse de una rebaja en su factura. Las familias con dos menores no podrán superar los 19.000 euros anuales. Si se trata de vulnerables severos, estos umbrales se reducen en cada uno de los casos a la mitad.

Además, el ministro ha asegurado que a los consumidores aún más desfavorecidos y que son atendidos por los servicios sociales, “no se les puede realizar un corte de suministro eléctrico bajo ninguna circunstancia”.

Por otra parte, el coste del bono social seguirá siendo asumido por las empresas comercializadoras en función de su cuota de clientes.

Medidas de protección al consumidor

El Gobierno también ha clarificado las relaciones entre los consumidores y las comercializadoras eléctricas, que estarán obligadas a comunicar los impagos. El ministro ha recordado que en la actualidad solo tienen la obligación de notificar los cortes de suministro.

Además, Nadal ha indicado las comunidades autónomas estarán conectadas con la Administración General del Estado para facilitar la solicitud del bono social. Los ciudadanos podrán solicitar directamente a sus empresas comercializadoras la aplicación del bono sin necesidad de presentar su declaración de la renta porque el Ministerio de Energía, que está en contacto con la Agencia Tributaria, les comunicará si el solicitante tiene derecho o no al bono.

El ministro ha destacado el consenso alcanzado entre prácticamente todos los grupos parlamentarios y con las comunidades autónomas para aprobar el sistema.

Diálogo dentro de la ley

En su balance político de la semana, el portavoz ha destacado el acuerdo que el miércoles adoptó la Junta Electoral Central, el órgano que declara y publica los resultados de todos los comicios que se celebran en España. Por unanimidad, ha señalado Méndez de Vigo, la Junta ha concluido “que el pasado 1 de octubre de 2017 no tuvo lugar en Cataluña ningún proceso que pueda ser considerado como referéndum en ninguna de las modalidades previstas en el ordenamiento jurídico”.

Por tanto, ha añadido el ministro, “carecen de todo valor los datos que se vienen presentando como resultados del llamado referéndum de autodeterminación porque ni hay sujeto convocante ni la forma en que fue llevado a cabo ni el objetivo de la misma se ajustaron a la legalidad”.

El portavoz se ha referido a la “valoración positiva” por parte del Ejecutivo del mensaje que el Rey dirigió a los españoles el pasado martes, “tanto por el momento en que se produjo como también por su contenido”. Méndez de Vigo ha resaltado la defensa realizada por Felipe VI del orden constitucional, de la vigencia del Estado de derecho y del autogobierno de Cataluña, basado en la Constitución y su Estatuto de Autonomía.

“También nuestra democracia, que es una democracia madura, consolidada, de personas libres e iguales en derecho, sin discriminaciones ni privilegios, recibió el apoyo el pasado miércoles de los grandes partidos representados en el Parlamento Europeo”, ha manifestado Méndez de Vigo. El ministro ha recordado que la Comisión Europea, a través de su vicepresidente, Frans Timmermans, ha dicho que es fundamental que las constituciones de todos los Estados miembros sean respetadas y que “el Gobierno de Cataluña ha violado la ley” y “es obligación de cualquier Gobierno imponer la ley con un uso proporcionado de la fuerza”.

El portavoz ha recalcado la necesidad de cerrar la “brecha” en el Parlamento de Cataluña y recuperar la “concordia” en esa comunidad. “Desde el Gobierno hacemos un llamamiento a que el señor Puigdemont vuelva a la legalidad, y dentro de esa legalidad, como hemos dicho siempre, dentro de ese respeto a la legalidad, podemos hablar y podemos dialogar”, ha asegurado.

Preguntado por la supuesta falta de proporcionalidad en la actuación de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado el 1 de octubre en Cataluña, el portavoz ha recordado que actuaron por orden de un juez y que su intervención iba dirigida a evitar las votaciones y no contra las personas. En todo caso, ha afirmado, “si ha habido personas perjudicadas, todos lo sentimos”.

A propósito de la decisión de determinadas empresas radicadas en Cataluña de trasladar sus sedes a otras localidades, el ministro de Economía ha achacado esta situación a las “conductas irresponsables que generan alarma en los grupos empresariales”.

Lo que está sucediendo, ha añadido “es muy triste, pero no es culpa de las empresas, sino de una actitud irresponsable que genera inquietud”. En estas circunstancias, corresponde al Gobierno favorecer todo lo que permita la prosperidad económica de Cataluña, ha concluido.

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